TNYT- SOCIEDAD

  Por Lolo y Adrián, de 2º BPO.

La Violencia de Genero

La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género​​​​​ que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar  social, físico, psicológico o económico.

La violencia contra las mujeres es la consecuencia más extendida de la discriminación de género. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés), el 58% de las mujeres asesinadas en 2017 lo fueron por sus parejas, ex parejas o familiares; en  promedio, 137 mujeres son asesinadas a diario por un miembro de su familia. Según la Organización Mundial de la Salud, el 35% de la población femenina ha sufrido alguna vez en su vida violencia física y/o sexual de un compañero sentimental o violencia sexual de otro hombre sin esa relación; algunos estudios nacionales elevan el porcentaje hasta el 70%. Los hechos y cifras sobre las diferentes formas de violencia contra mujeres y niñas recopilados por ONU Mujeres completan ese retrato social espeluznante.

España no es ajena al problema, que va más allá de las más de mil asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003. De hecho, el registro oficial no recoge a otras víctimas que no mantenían una relación sentimental con su agresor, ni a las mujeres que sufrieron agresión sexual, ni a las que vieron destrozada su vida cuando sus parejas o exparejas asesinaron a sus hijas o hijos para causarles aún más daño... Desde 2013 se contabiliza también el número de menores víctimas de la violencia machista.

El déficit estadístico de las mujeres asesinadas por hombres que no son parejas o exparejas ha quedado corregido a partir de 2019, cuando empezaron a contabilizarse todas las víctimas de violencia machista, independientemente de su relación con el agresor. Así lo acordó el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género aprobado por el Congreso en 2017, que seguía las recomendaciones de 2011 del Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer, conocido como Convenio de Estambul, que abogó por reconocer como violencia de género todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo.

En la violencia de género en España hay otras cifras ocultas. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 –cuya amplia muestra la convierte en uno de los retratos de situación más precisos--, el 12,5% de las mujeres de 16 y más años han sufrido a lo largo de su vida violencia física o sexual de sus parejas o exparejas. Ese porcentaje equivale a 2,5 millones de mujeres. Y la cifra llega al 24,2% (4,8 millones de mujeres) cuando los agresores incluyen además a otros hombres sin esa vinculación sentimental.

Amnistía Internacional lleva años denunciando la persistencia de múltiples obstáculos para la protección e identificación de las víctimas, y subrayando que no basta con la legislación. Hacen falta recursos humanos y materiales para poner en práctica y evaluar –con la participación de víctimas, familiares y expertas en género– las medidas legales, el funcionamiento de los juzgados especializados en violencia machista, la  aplicación de los mecanismos de protección. Hace falta formación a todos los niveles para prevenir el maltrato institucional de las víctimas en ámbitos policiales y judiciales. Y hace falta concienciación social, un objetivo fundamental en el que los medios de comunicación podrían jugar un papel clave. 

Pero a pesar de la insistencia de las autoridades en la necesidad de que las víctimas presenten denuncia para poner en marcha los recursos de intervención, siguen siendo pocas las mujeres que dan ese paso (solo lo hizo el 21% de las asesinadas desde 2003), lo que confirma que quedan aún muchas barreras por superar.
De hecho, según un estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género realizado por la Fundación Igual a Igual, las víctimas de violencia machista tardan ocho años y ocho meses de media en expresar su situación, ya sea en los servicios de apoyo y asesoramiento, ya sea interponiendo denuncia contra su agresor. Las gotas que suelen colmar el vaso son sobre todo el grave daño psicológico (54%), el daño físico de la última agresión (41%) o el convencimiento de que sus hijos son ya conscientes de la violencia (30%).
Entre los motivos de la tardanza en denunciar –se podían dar varias respuestas– ocupa un lugar destacado "el miedo a la reacción del agresor" (50%), mientras el 45% creían que podían resolver el problema solas y el 36% "no se reconocían como víctimas". Un 32% aseguró sentirse culpable y responsable de la situación, y un 29% dijo sentir pena por el agresor.

También son importantes las circunstancias personales, como la falta de recursos (el 64% dependían económicamente de su agresor cuando se inició el maltrato, y el 44% cuando pidieron ayuda), la edad (reaccionan antes las mujeres de menos de 35 años, y más tarde las mayores de 65), la maternidad o no (denuncian antes las que no tienen hijos) o el nivel de formación (tardan menos las mujeres con estudios universitarios).

Algunas respuestas ofrecen pistas claras para mejorar las estrategias contra la violencia machista y divulgar más y mejor los recursos de apoyo existentes y los procedimientos judiciales. Muchas víctimas tardaron más en denunciar porque pensaban "que no me podrían ayudar" (15%), porque no sabían "dónde ni cómo pedir ayuda" (21%) o por simple "miedo y desconocimiento al proceso judicial" (19%). Como ejemplo positivo para insistir en la concienciación social, el 27% decidió pedir ayuda gracias al "apoyo de una persona del entorno" que la animó a hacerlo.  
Uno de los grandes retos pendientes es que las mujeres y su entorno sociofamiliar tengan confianza en la legislación y las medidas contra la violencia machista. Y para ello es clave demostrar su eficacia y que las denuncias sirven para algo. De hecho, en el último año con estadísticas completas (2018) se presentaron casi 167.000 denuncias por violencia de género, el 70% por parte de las propias víctimas (solo el 4% por familiares). De las 50.000 sentencias dictadas, 35.000 (70%) fueron condenatorias. Además, se acordaron 27.000 órdenes de protección, casi el 70% de las solicitadas.

¿EXISTE JUSTICIA?

La justicia, por tanto, consistiría en ser justo, dando a cada uno aquello a lo que tiene derecho, aunque nadie nos dice cuál es el derecho de cada quien, ni que es lo que le corresponde. Y esto nos coloca en la perogrullada más absoluta.

Sin embargo, poco más se ha progresado en el entendimiento de un concepto que se considera esencial en cualquier ordenación de una sociedad de acuerdo con los principios de la razón.
Pero habitualmente lo que pedimos, ya sea como grupo o individualmente, es que se nos dé lo que queremos; y, a partir de ahí, rodeamos nuestra reivindicación de argumentos que más o menos enlazan con una idea personal de justicia.

Al margen de que resulta imposible alcanzar un concepto abstracto de justicia, en las sociedades modernas, la misma se trata de lograr mediante dos vías: la elaboración de normas y su aplicación.
Mediante la primera se establecen reglas que rijan la sociedad y que ponderen los intereses y necesidades en juego y aspiren a dar una solución equilibrada.

Hago un inciso: cuando hablemos de justicia, equilibrio -u otra semejante- será la palabra que más oiremos repetida. Recordemos que la más clásica representación de la justicia es la de la diosa Temis o Iustitia, para los romanos, con los ojos vendados y una balanza en una mano y una espada en la otra. Pero, por la física, ya sabemos que el perfecto equilibrio de la balanza es absolutamente imposible en el mundo real. Por mucho que coloquemos unos intereses y necesidades en un lado de la balanza y los contrapuestos en el otro lado nunca alcanzaremos el equilibrio perfecto y siempre habrá quien se sienta subjetivamente maltratado o tratado injustamente.

Por tanto, por muy inteligente y honesto que sea el legislador nunca alcanzará un equilibrio social perfecto. Puede, no obstante, aspirar a acercarse de forma que la balanza no aparezca totalmente inclinada hacia uno de sus lados, sino en un semiequilibrio.

Mucho se han señalado, y no los vamos a desarrollar aquí, los obstáculos que dificultan que el legislador democrático aborde la elaboración de las normas desde una aspiración de justicia. Algunos de estos obstáculos tienen que ver con la organización de los partidos políticos, otros con la facilidad para manipular los deseos y aspiraciones de los electores y otros con la capacidad de influencia de lobbies con medios a su alcance para inclinar las voluntades hacia su lado de la balanza.
Los clásicos de la democracia pensaban que la suma de voluntades individuales conformaría una voluntad colectiva o nacional que integraría equilibradamente los deseos, intereses y necesidades de los individuos y grupos sociales, de modo que se alcanzara una forma de justicia social.

Sin embargo, una idea profunda de justicia no tiene mucho que ver con la voluntad de la mayoría.
Así, por ejemplo, podemos convenir en que la justicia exigiría la singular atención de los más necesitados, con independencia del peso numérico que éstos puedan tener en la definición de la voluntad popular. En los EEUU hay en torno a un 5% de personas desempleadas, sin seguro social alguno y que viven en situación de marginación. Sin embargo, su reducido poder de influencia y su baja representatividad hacen que sus intereses y necesidades sean escasamente ponderados en la balanza de la justicia social.

Lo mismo podríamos decir de los planteamientos de justicia hacia quienes no votan, como, por ejemplo, los menores, los locos o los inmigrantes ilegales; y, en fin, hacia cualquier otro colectivo que, aunque vote, carezca de suficiente poder de influencia para hacer oír sus reivindicaciones, por muy justas que sean.
Desde luego, si la realización de una idea de justicia en la democracia se identifica con la capacidad de influencia -numérica o económica- para hacer prevalecer nuestros deseos o intereses, vamos apañados.

Y esto tiene difícil solución, salvo que vayamos inculcando educativamente que la justicia no tiene que ver con la realización de nuestros propios deseos, sino con el análisis equilibrado (volvemos al palabro) de las situaciones y necesidades propias y de los demás. Esto supondría madurar individual y colectivamente.

En el modelo europeo continental, que desconfía de los jueces, al culparlos de connivencia con el antiguo régimen absolutista, el juez sería una especie de máquina que debe identificar los hechos y buscar su coincidencia con el supuesto de hecho de una norma jurídica, aplicando la consecuencia prevista por esta. El problema es que los hechos nunca son claros, las pruebas de los mismos son siempre interpretables y las normas distan de ser perfectas, no pueden prever todos los casos que se dan en la realidad y su redacción suele permitir múltiples interpretaciones. En fin, que la ley termina siendo lo que los jueces dicen que es (como señaló el juez Holmes). O dicho en otras palabras, la norma solo establece una especie de plan y es el juez quien completa el cuadro.
Todo esto ya crea un pastiche difícil de digerir, en el que no sabemos si el juez debe hacer justicia, limitarse a aplicar la ley o una mezcla de ambas. Pero es que, además, cuando la gente acude al juez, dice que va a pedir justicia, pero habitualmente va a que le reconozcan que tiene derecho a recibir lo que desea (aunque esto pueda no ser demasiado justo) y le da todo un poco igual con tal de ganar, aunque sea en el último minuto de penalti injusto.

En definitiva, por mucho que la justicia siga figurando como uno de los principios sobre los que pretendemos hacer girar nuestra forma social, estamos lejos de acercarnos siquiera al concepto. Más bien parece que seguimos en una actitud infantil y algo primitiva, en la que llamamos justicia a tratar de realizar a toda costa nuestros deseos y necesidades, reales o inventadas.

Eso sí, el aparato de la justicia ha reemplazado a la antigua realización violenta de los propios deseos. En eso por lo menos hemos avanzado. Pero nos queda un buen trecho por recorrer: el respeto a los derechos del otro sería un buen comienzo.